A diferencia de otras naciones como Colombia donde se utiliza la cédula de identidad para votar, que no contiene datos a la vista que pueden ser usados por los criminales; en México, a la par de la certeza que puede dar en temas de votación, la credencial de elector se ha convertido en un riesgo en materia de seguridad y violencia.
En la actualidad son poco más de 84.5 millones de mexicanos quienes tienen la credencial del IFE. Según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, en 6 de cada 10 casos las bandas de secuestradores usaron la credencial para votar con fotografía de la víctima como medio de extorsión y amenaza.
El diputado priista Humberto Lepe promueve una reforma para excluir datos como el domicilio de los ciudadanos, porque esto se ha convertido en “una herramienta que favorece las prácticas criminales de extorsión y secuestro”.
De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma al Cofipe, se señala que en el mercado negro se venden las credenciales robadas o extraviadas al crimen organizado que las utiliza para localizar el domicilio y nombre de sus probables víctimas.
“De hecho asesores de la Procuraduría General de la República recomiendan no portar la credencial de elector, a menos que se tenga planeado hacer algún movimiento bancario o de otra índole, como una medida para evitar que los delincuentes conozcan en dónde vive la víctima”, se indica en la iniciativa.
El diputado del PRI y miembro de la Comisión de Justicia, Arturo Zamora Jiménez, dijo que ante la ola de inseguridad se debe analizar otro esquema de credencial de elector, como lo que existe en Colombia: “Son credenciales o identificaciones con códigos de barra de seguridad, los cuales solo pueden ser leídos por autoridades y no están a la vista de todos, con lo que evita que se ponga en una situación vulnerable a los ciudadanos cuando esos documentos llegan a manos de delincuentes”
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