General Motors y Chrysler —dos de las grandes empresas automotrices de Estados Unidos— viven momentos críticos. Ambos, otrora gigantes del mundo del automóvil, se han derrumbado en los mercados bursátiles ante la previsión de una declaratoria de bancarrota. Si bien Ford, la tercera gran empresa automotriz estadunidense, no tiene la urgencia de las anteriores, su situación se tornará crítica si GM y Chrysler terminan por hundirse.
La crisis bancaria y del consumo que vive Estados Unidos ha sido la puntilla para una industria que desde hace tiempo perdió competitividad de forma dramática en su propio mercado ante sus rivales japoneses y alemanes, lo que se tradujo en caídas ininterrumpidas de sus ventas. Ahora las “tres grandes de Detroit” están condenadas por sus propios errores.
La postración de una industria emblemática para Estados Unidos, con los impactos políticos, laborales y sociales que ello conlleva, provocó que el gobierno y el Congreso estadunidense se dieran desde hace semanas a la tarea de evaluar potenciales “programas de rescate” que no han terminado de cuajar por la oposición de un grupo numeroso de legisladores. El viernes pasado, la Casa Blanca autorizó préstamos por 13 mil 400 millones de dólares, mismos que se interpretaron como un paliativo de corto plazo, que no resuelve la complicada situación financiera y de mercado que viven las automotrices.
Cualquier ayuda que se otorgue con recursos públicos a GM y Chrysler —más allá de los cuestionamientos de equidad y de transparencia en el uso de los fondos públicos— no servirán realmente para sacarlas adelante porque las empresas enfrentan serios problemas por una elevada estructura de costos, ineficiencia en sus procesos de manufactura, además de rezagos tecnológicos y una caída brutal en su mercado interno.
Por eso la bancarrota parece inminente aunque todavía se piensa que antes de fin de año se alcancen acuerdos de última hora entre legisladores, sindicatos, empresas y gobierno sobre algún programa de ayuda.
Sin embargo, la declaratoria de suspensión de pagos sigue siendo la vía más conveniente para el futuro de la industria y para México. Una decisión así realmente llevaría a implantar un programa de reestructuración profunda de las empresas y de la industria, una reasignación de costos, una reingeniería financiera a fondo y una relocalización geográfica de sus centros de producción que les devuelva la competitividad.
En México, algunos analistas del sector se confunden con esto y piensan que un rescate gubernamental de la industria automotriz estadunidense nos beneficiará porque sostendrá la producción, los empleos y las divisas por exportación en el país. Es un error. En cualquier modalidad de “rescate” automotriz, seguramente que los fondos públicos estadunidenses no irán a parar a las plantas en Chihuahua, Estado de México o Guanajuato. Por el contrario, los legisladores estadunidenses se asegurarían de que cada dólar del fisco vaya a sostener los empleos en la industria y en las plantas en Estados Unidos. Situación muy distinta si las empresas automotrices estadunidenses entran en una revolución por la competitividad.
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