Todos y cada uno de los medios de comunicación franceses dedican sus espacios estelares a la visita de Nicolas Sarkozy a México.
El tema que más acapara la atención: Florence Cassez y la polémica en torno a esta ciudadana gala de 34 años, juzgada y condenada en México a 60 años por secuestro.
La familia Cassez, un nutrido grupo de parlamentarios, diversas asociaciones y su abogado, Franck Berton, famoso por evidenciar irregularidades en procesos judiciales, llevan largos meses clamando la inocencia de Florence y presentándola como víctima de la corrupción de algunos funcionarios mexicanos.
El viaje oficial del jefe de Estado francés a México fue una excelente ocasión para los defensores de Cassez de darle un giro político al caso y así desatar una efervescencia mediática a los dos lados del Atlántico.
Nicolas Sarkozy, cuidadoso de no herir sensibilidades, actuó con extrema prudencia. En México dejó claro que no era el hombre de la impunidad, pero que tenía el derecho a interceder por su compatriota.
Aseguró que Cassez había pedido su traslado a Francia bajo el amparo del Convenio de Estrasburgo. En un máximo de tres semanas deberán salir las conclusiones de la comisión binacional creada para analizar los posibles alcances del traslado de la francesa a su país natal.
La eventual extradición de Florence Cassez no constituye en absoluto una impugnación de las decisiones de la justicia mexicana. La gala purgará su pena en una cárcel francesa.
El Convenio de Estrasburgo de 1983 estipula que los países signatarios podrían solicitar el envío de una persona sentenciada a su país de origen. Ahora bien, en el caso de Cassez pedir la transferencia equivale a renunciar a apelar la condena, lo que a su vez significa que formalmente la francesa acepta su culpa, aunque extrajurídicamente insista que es inocente.
El presidente Sarkozy aseguró que abordar con su homólogo mexicano el caso Cassez no prejuzga ni de su inocencia ni de su culpabilidad.
A su llegada a Francia, en caso de ser enviada, Florence Cassez no será una mujer libre. Su sentencia se ajustará a las leyes galas. Los 60 años de condena según las leyes de México (donde existe la acumulación de penas) se transformarían en 20 años, de acuerdo con las normas jurídicas de Francia.
Actualmente mil 958 ciudadanos franceses se encuentran encarcelados en el extranjero, la mayoría de ellos por asuntos relacionados con el narcotráfico.
La transferencia es un procedimiento poco utilizado. Según el Ministerio francés de Justicia, hasta ahora ha habido sólo unos 50 casos de traslado de presos galos del extranjero.
El diario "Le Monde" opina que la gracia presidencial a la que en teoría tiene derecho el Eliseo sería un gesto arriesgado políticamente para Nicolas Sarkozy. Tal movimiento -explica el rotativo- debería venir de la presidencia mexicana, lo cual es poco probable, teniendo en cuenta la opinión pública de México, radicalmente opuesta a la transferencia de Florence Cassez, según "Le Monde".
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